Además de la estratificación social, que alude a las diferencias de nivel en materia de riqueza, poder o influencia, existe otro fenomeno sociológico que viene a cuento: el de la diferenciación social. Esta se refiere a los diversos roles o funciones que las personas pueden desempeñar en el orden de la convivencia. Naturalmente, también este discernimiento es necesario para comprender cómo se constituyen las infraestructuras políticas.
Según observa MONNEROT, “la conducción política de la respublica es asunto particular (…) de cierto número de personas. La teoria no engendra la realidad, y ninguna teoría llamada democrática puede hacer que todos los ciudadanos se ocupen de politica. Es un hecho de estructura”[1]. Ciertamente, una concepción normativa de la democracia puede afirmar que todos los ciudadanos deben ocuparse de política. Quizás. Pero no pueden, no saben o no quieren. En la agenda existencial de la inmensa mayoría de los miembros de determinada unidad política, la atención, el tiempo y la energia dedicada a tales cuestiones cede el paso a tres o cuatro focos de atracción más imperativos. Y esto al margen de cualquier determinación por parte de los regimenes políticos establecidos. Aun en los que convencionalmente consideramos más “democráticos”, existe una “curva de involucramiento” que va desde los políticos profesionales en un extremo hasta los que ni siquiera hacen uso del derecho a votar, pasando por distintas gradaciones: los militantes políticos, los simplemente simpatizantes, los meros votantes regulares y los votantes ocasionales. Ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, incluyendo toda una diversidad de matices. Sólo los primeros integran la clase política.
Ahora bien: dada la estructura oligárquica de la unidad política (polis, regnum, Estado, Imperio), el sujeto de la misma es la clase política. De ello deriva que todos los conflictos internos a aquélla resulten conflictos entre fracciones de la clase política, sean ellos previamente reglados o no. Estos pueden incluir, desde las intrigas y tensiones entre bandos y clanes propias de los regímenes no electivos hasta la competencia interpartidaria plenamente institucionalizada, que proclama el fair pla, aunque no por ello carezca de fouls en abundancia.
En este último caso –el conflicto político como “juego” reglado- es fundamental considerar la distancia ideológica entre los actores. Si ella es demasiado reducida, cualquier situación de insatisfacción pública generalizada puede conducir a un rechazo masivo del conjunto de ellos; en otras palabras, a una rebeldía “populista”. Si, en cambio, la distancia es excesiva, si cada actor se hace portador de una weltanschaung incompatible con las restantes, es grave el riesgo de colapso del sistema. Cuando la estructura de la familia, la subsistencia o no de sectores privados en la economía o la libertad religiosa, por ejemplo, dependen del resultado aleatorio de las urnas, se reduce dramáticamente la posibilidad de que la alternancia sea respetada. Es el caso de Alemania en 1933, España en 1936 y Chile en 1973, entre tantos ejemplos.
¿Ha existido siempre una clase política? Sí, sin duda, en tanto y en cuanto, en función de la división del trabajo social, siempre ha existido un sector de personas que se han ocupado específicamente de lo público. Sin embargo, este sector no ha estado siempre perfilado con la misma nitidez. En las monarquías estamentales, por ejemplo, ha sido habitual que los “notables” de los distintos órdenes fuesen asociados al consejo del Rey y a la toma de decisiones sin abandonar necesariamente sus respectivos “oficios’. En la medida en que se fue afirmando la forma estatal se desarrolló un conjunto de operadores que fueron desde los “legistas’ bajomedievales hasta los parlamentarios (tanto en la acepción francesa como en la británica de la palabra) que compartieron con los remanentes feudales y eclesiásticos el asesoramiento y la gestión pública. Pero habría que llegar a las democracias emergentes en el siglo XIX para asistir a la aparición de profesionales de la política; es decir, de gente que no sólo “vive para la política, sino que vive de la política”, como observara WEBER. En este caso la aplicabilidad del concepto de clase resulta incontestable.
Cabe apuntar que en el devenir histórico los fenómenos de estratificación (jerarquía) y diferenciación (división del trabajo) se entrecruzan. De allí que la clase política no se identifica sin más con la élite política, en el sentido que PARETO asigna a éste último concepto. Dentro de la CP existen escalas. En el nivel superior se encuentran aquéllos que acceden a los centros decisionales más significativos. Con lo que –de ese modo- cumple con los requisitos paretianos de performance. Más abajo, los que se inscriben en o aspiran a ámbitos de poder de menor alcance territorial o sectorial. Y así hacia abajo, donde pululan los bosses o punteros que aseguran el enraizamiento de la clase en el conjunto de la sociedad.
Desde un punto de vista dinámico, de entre la misma elite política se destaca un “equipo de poder”. Este es el núcleo activo de aquélla, y lo compone el conjunto de hombres inmediatamente ligados al vértice del poder (ver el art. Monocracia publicado en el número anterior), es decir “todos los hombres del Rey” o “todos los hombres del Presidente”. Naturalmente, la fluidez permanente de la vida política hace que los equipos se sucedan con mucha más velocidad que las élites, y éstas que las clases políticas, las cuales apenas si desaparecen como resultado de profundas transformaciones de índole revolucionaria
El conjunto de este replanteo explica el porqué de la “fecunda intuición” de PARETO y de WEBER, quienes vaticinaron que la eventual abolición socialista de la propiedad privada de los medios de producción no eliminaría ni la estratificación ni la diferenciación sociales, aseveración a la cual todo el siglo XX aportó una clamorosa confirmación.
Ahora bien: ¿cuál es la relación entre la CP y las clases económico-sociales en las que la concepción marxiana ha identificado los verdaderos sujetos de la historia, hasta el punto de radicar inequívocamente el poder en la “burguesía” y calificar a los políticos como meros “apoderados” o “mandatarios” de aquélla? La investigación histórica de la centuria pasada y lo que va de la presente ha ido desmontando prolijamente los presupuestos de tan simplista concepción. JULES MONNEROT sintetiza los resultados de tal trabajo: “Se puede, o más exactamente se ha podido en el siglo XIX, considerar como menos inexacta en los EEUU que en otros países la fórmula de Marx(…) pero es un caso extremo, y ello ha sido, aún en ese caso extremo, solo relativamente verdadero para un tiempo determinado, extrapolando el movimiento de la historia de Inglaterra a mediados del siglo XIX en la línea de la economía política inglesa (…)A decir verdad ese caso límite no se produjo en Inglaterra donde la revolución industrial y capitalista no destruyó en el siglo XIX las estructuras políticas preexistentes, sino que pactó con ellas de un modo muy flexible(…) Marx elevó al rango de ley general un hecho mucho más limitado de lo que creía”[2].
En un sentido análogo, GIANFRANCO MIGLIO recupera los trabajos de MOSCA, PARETO y el propio WEBER, para todos los cuales, “de frente a aquellos que sostenían que la historia es exclusivamente una lucha de clases económico-sociales (…) oponen la tesis en base a la cual para el estudio de los fenómenos políticos es esencial la identificación de aquel estrato particular de personas que luchan por el poder (y que obtienen seguidores en esta lucha) que definimos como ‘clase política’”. Abundando en este razonamiento, juzga MIGLIO que las clases económico-sociales no tienen más que una realidad estadística, y que aquella condición que, de acuerdo a la interpretación marxiana las convertiría en sujetos, es decir “la autoconciencia de clase” apunta a transformarlas en base de apoyo de la CP [3]. Tal lo ocurrido con la “burguesía” y tal lo ocurrido, igualmente, con el “proletariado”.
Si la relación entre la CP y las clases socioeconómicas es la que MIGLIO formula –hipótesis a la que adherimos- podría proponerse como una de las invariantes de la Política la “primacía (relativa) de la oferta”. ¿Qué queremos decir con ello? Va de suyo que dentro de toda sociedad existe una multiplicidad variopinta de demandas que, en algún momento, se dirigen centralmente al Poder. Si la relación entre las distintas fracciones de la CP y los diversos segmentos sociales tiene ciertas analogías con el Mercado, la probabilidad de que alguna de aquéllas demandas llegue a incidir eficazmente en la elaboración de las políticas públicas tendría que ver, fundamentalmente, con la eventualidad de que una fracción decisiva de la CP se haga cargo de la misma, la visibilice y la articule (oferta), sin lo cual el más profundo de los malestares resulta políticamente inocuo. Y eso vale tanto para el caso de las transformaciones realizadas dentro de la institucionalidad vigente como en las de carácter revolucionario.
De lo que no cabe duda es que la CP sí posee la antes aludida “autoconciencia”. La expresa, en primer lugar, negándose a aceptar su catalogación como “clase”, que pondría en riesgo la ideología de la representación que invoca para legitimarse. Y, por otro lado, denunciando permanentemente las interferencias de raíz “corporativa” o “tecnocrática” que limitarían su gestión.
[1] Sociologie de la revolution, Fayard, Paris, 1969, cap. 14. [2] Op. Cit., cap. 14. [3] Lezioni di Politica II, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 394 y sgts.