Cuestión mapuche y acusación de “terrorismo”: su análisis a la luz de la historia

Por Eduardo Lázzari

Publicado en Infobae el 25 de octubre de 2021


El oficio de historiador es fascinante y obliga a quienes lo practicamos atenernos al respeto de reglas y normas éticas específicas. Este trabajo consiste en considerar los hechos y todos los hechos; investigar las fuentes documentales y sobre todo respetar el contexto histórico. En la actualidad, sobre todo en la Argentina, se cae en el anacronismo de juzgar el pasado (lo que no corresponde al historiador en ningún caso), agravado por el hecho de hacerlo con categorías morales no contemporáneas a los hechos.



La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley es una máxima del derecho, cuya analogía en el campo historiográfico debería ser evitar la práctica cotidiana de algunos aprendices que ponen el pasado al servicio vil del presente, para tratar de torcer el futuro, tomando sólo aquellos datos y protagonistas que benefician su posición ideológica y su militancia política.


Para tratar el tema del terrorismo de los que se autoproclaman “mapuches”, repudiados por los auténticos indios argentinos, es importante saber que, desde los tiempos coloniales, los funcionarios españoles firmaron cientos de tratados con los caciques durante dos siglos y medio, costumbre que siguieron los gobiernos nacionales y provinciales argentinos desde 1810. Esos documentos muestran que siempre los gobernantes aceptaron el mando de los caciques sobre sus comunidades, y los caciques reconocieron la supremacía del estado español o argentino.


Hubo varias expediciones para establecer el imperio estatal en el sur: la primera fue en 1779 bajo el mando de Juan José de Vértiz, luego virrey; la segunda en 1823 con el gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez como jefe y la tercera en 1833 con Juan Manuel de Rosas como comandante. La Campaña del Desierto de 1879, que tuvo a Julio Argentino Roca encabezando el Ejército Nacional, significó una extraordinaria decisión patriótica y estratégica que convirtió a la Argentina en el país de habla hispana más grande del mundo,incorporando casi un millón de km2, a los que se sumaron los 170.000 km2. de la incruenta campaña del Chaco de 1881. Vale destacar que uno de cada cinco soldados era indio entre las tropas de Roca.


El proyecto planteado por Roca en su discurso inaugural el 12 de octubre de 1880, bajo el lema de “Paz y Administración”, contempló la solución de la posesión territorial de los indios, tal como eran llamados y se siguen llamando a sí mismos los tehuelches, los boroganos, los qom, los ranqueles y todas las etnias que las reglamentaciones reconocen actualmente.


Desde la presidencia de Roca en 1880 hasta la de Juan Domingo Perón en 1952, el Estado en forma sistemática ha entregado en propiedad a los indios miles de km2. en todo el territorio argentino, y puede atribuirse a la desidia de algunos gobiernos provinciales la falta de ejecución de las leyes nacionales en dicho sentido. Sólo Roca entregó más de un millón de hectáreas en propiedad a distintas comunidades en la década de 1880, entre ellos a los Ancalao, los Saavedra y los Pincén.


El intento fracasado de demolición de la figura histórica de Roca como impulsor del orden y del progreso argentino, tuvo por cómplices a los distintos gobiernos del siglo XXI, que ignoraron su figura, eliminaron sus efemérides, permitieron el vandalismo de sus monumentos y fomentaron la calificación falsa de genocida, incluso en los libros escolares que las distintas jurisdicciones, oficialistas y opositoras, reparten hasta hoy en forma gratuita en todo el país.


El cambio de época del que somos protagonistas y testigos hace que sea rentable en términos electorales elogiar a Roca, reconocer sus logros y compararlos con el presente, con el riesgo que eso conlleva. No hay que caer en la trampa de la inmediatez y dejar de observar la “onda larga”, es decir cual fue el comportamiento de los dirigentes en el último cuarto de siglo para entender el oportunismo de quienes callaron a lo largo de décadas y ahora hablan.


Llama la atención el incumplimiento de las leyes nacionales que se han sancionado en los últimos años. Recordar las tierras fiscales dadas a las tribus formoseñas durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear en 1923, que llevan un siglo sin escriturarse, sirve de preludio para traer el caso de la ley 26.160 de Emergencia de Tierras Indígenas, sancionada en 2006, que ordena en su artículo 3°: “Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester…”. Este plazo venció en 2009, fue prorrogado dos veces hasta 2017, y su aplicación lleva 15 años de demora, lo que hace incurrir a los responsables en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.


El abordaje de la crisis de seguridad actual en las provincias patagónicas, todas gobernadas según el orden legal desde 1983, debe tener en cuenta que quienes se han convertido en terroristas bajo la máscara mapuche lo hacen desconociendo el imperio de la Constitución y de las leyes, que rige para todos los habitantes, sean o no ciudadanos argentinos. Hay que advertir que en el tratamiento público de la cuestión campea la confusión de tratar la supuesta reivindicación territorial de estos personajes como justa, cuando sólo se trata de un intento de sedición que está previsto en la Carta Magna de 1853, modificada en 1994, definida como “traición a la Patria”, el máximo delito contemplado por nuestro ordenamiento jurídico.


Todos los implicados en los actos terroristas que asolan la Patagonia cordillerana y esteparia son habitantes de la República Argentina, y como tal deben ser tratados si no aceptan la primacía de las leyes del país: corresponde que sean identificados, detenidos, juzgados y ante todo impedidos de seguir adelante con acciones que no pueden ser toleradas por la convivencia pacífica que debe garantizar el Estado. El comportamiento de los funcionarios nacionales y provinciales que han consentido y avalado estos atentados los convierte en cómplices y es de esperar que les caiga sobre sí todo el peso de la ley y de su responsabilidad ante la historia.