Desafíos políticos y sociales de la Argentina de hoy

(Exposición de Pascual Albanese en la sede de la Agencia Córdoba Cultura el martes 30 de agosto)

 

Lo primero que corresponde decir es que la Argentina vive hoy el ocaso de una época histórica, algo que es el prólogo necesario de un cambio de época. Vale aplicar aquella clásica definición de Antonio Gramsci cuando aludía al tránsito entre “el pasado que no termina de morir y el futuro que no termina de nacer”. Termina la era del "kirchnerismo”, entendido no como una corriente política, que seguramente habrá de sobrevivir en el tiempo, sino como una alternativa viable de gobierno para la Argentina. Estos días, sea con furia, con alegría o con indiferencia, y hasta con violencia, estamos asistiendo a su “canto del cisne”. Ese período, cuyo final a toda orquesta presenciamos, comenzó en 2003, hace 19 años, como resultado de la debacle de diciembre de 2001. La etapa que empieza, que en principio y por ahora sólo podríamos definir provisoriamente como “post-kirchnerismo”, tendrá el nombre y las características que los argentinos seamos capaces de imprimirle. Ese es el tema al que nos convoca el título de este encuentro: “Desafíos políticos y sociales de la Argentina de hoy”.

La convicción generalizada sobre este cambio de época traslada la atención hacia lo que suceda con el peronismo, reducido por el ”kirchnerismo” a la condición de “Partido del Estado” y puesto ante la disyuntiva de convertirse en un actor vegetativo en proceso de decadencia, como ocurrió con el radicalismo desde diciembre de 2001, o en parte de una respuesta política a la situación de emergencia que padece la Argentina. La resolución de esa encrucijada es la principal incógnita que se proyecta sobre lo que puede suceder en esta nueva etapa que se avecina.

Desde ya ese interrogante dispara distintas respuestas. Alain Rouquier, un pensador francés que conoce bastante bien la Argentina, publicó hace cuatro años un libro titulado el “El siglo de Perón”. Lo más valioso de su contenido es que el siglo al que se refiere como “siglo de Perón” no es el siglo pasado, el siglo XX, cuando Perón vivió y murió, sino este siglo XXI, la época que vivimos. Si fuera necesario definir la exactitud de esa afirmación con una sola palabra, entre nosotros bastaría con decir “Francisco”.

Sin embargo, ese juicio sobre la vigencia del pensamiento de Perón requiere comprender que, para hacer honor a ese legado, no se trata de repetir mecánicamente y fuera de contexto frases de sus libros y discursos, sino de emplear sus propias categorías de análisis de la realidad para repensar y recrear su mensaje político en función de los desafíos de este siglo. Esa es la tarea que aguarda al peronismo de hoy y su aporte necesario a la Argentina que viene.

Perón siempre supo adelantarse a los acontecimientos. Esa capacidad de anticipación es el capital esencial para el éxito en la acción política, que en la visión de Perón requiere “fabricar la montura propia para cabalgar la evolución”. Hoy, en el mundo entero, el pensamiento político corre detrás de la realidad. Todas las fuerzas políticas afrontan fuertes convulsiones y debates internos para redefinir su identidad de cara al futuro. En la Argentina, el peronismo no puede escapar a este desafío.

Para los peronistas, esto no tendría que ser ninguna novedad. En 1974, al inaugurar un curso de adoctrinamiento, Perón señalaba: “no pensamos que las doctrinas sean permanentes, porque lo único permanente es la evolución y las doctrinas no son otra cosa que una montura que creamos para cabalgar la evolución”. Para Perón, la “actualización doctrinaria” es un ejercicio constante de adaptación del pensamiento a la realidad. En el peronismo ortodoxia y heterodoxia no son conceptos opuestos sino complementarios. Cabria decir que el primer heterodoxo de la historia del peronismo fue Perón.

La cuestión reside siempre en descubrir las claves que permitan comprender lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay que mirar de frente a la realidad, sin prejuicios ni anteojeras, atreverse a desafiar a las propias convicciones. Estamos frente a la aparición de una verdadera sociedad planetaria. Es la materialización de aquel devenir que, a principios de la década del 70, el genio profético de Perón había anticipado como el inexorable advenimiento de la fase histórica del “universalismo”. El vector de este cambio es la Cuarta Revolución Tecnológica, motor de esta sociedad del conocimiento que emerge a escala global.

EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL

El mundo atraviesa un punto de inflexión y una etapa de alta conflictividad. Es el resultado de una crisis generalizada del statu quo, en todas partes y al mismo tiempo. La cuestión central de la época es la contradicción entre las sociedades que emergen al ritmo de ese formidable despliegue tecnológico y la subsistencia de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales previas a esta transformación. Como producto de esa dicotomía, virtualmente todos los sistemas políticos, incluido el estadounidense, resultan cada vez más impotentes para guiar, y menos aún controlar, el rumbo de los acontecimientos.

De allí el cuestionamiento generalizado a la legitimidad de los sistemas institucionales, una crisis de representatividad que incluye también a la sociedad norteamericana, expresada en la irrupción de las más diversas expresiones de disconformidad colectiva. La conducción política, en todo el mundo y por supuesto también en la Argentina y en especial en el peronismo, está obligada a cumplir aquella misión que le asignara Perón de “fabricar la montura propia para cabalgar la evolución”.

El cambio tecnológico marca el nacimiento de una nueva época histórica, cuyo signo distintivo es la integración del sistema global, acompañada por su contracara necesaria e ineludible: la afirmación irreductible de las identidades culturales de cada nación. El mundo es cada vez más una “aldea global”, donde proliferan y conviven una pluralidad de naciones que buscan forjar su destino propio e intransferible en este universo absolutamente integrado, históricamente unificado, pero también profundamente diverso, del siglo XXI. Su expansión deja atrás la antigua sociedad industrial, en la cual nació el peronismo y que signó la dinámica histórica en los últimos 200 años.

Este fenómeno tecnológico, y como tal imparable, no está necesariamente asociado a una visión reduccionista y homogeneizadora, típica de las concepciones puramente ideológicas que dan por supuesta la eliminación de las identidades y la supresión de las diferencias. La nueva sociedad mundial nada tiene que ver con la imagen acartonada de un mundo plano, carente de pliegues, de rugosidades y de conflictos. Como sostiene Francisco, su imagen no se asemeja a una esfera sino a un poliedro. Una cosa es la globalización como hecho estructural, y como tal como una tendencia de carácter estructural, históricamente irreversible, y otra cosa muy distinta es la ideología de la globalización, o sea el “globalismo”.

El nuevo sistema de poder mundial tiene dos cabezas. Una es Estados Unidos. La otra es China, la superpotencia en ascenso. El dato estratégico central de esta etapa del siglo XXI es que, más allá de la obvia competencia por el liderazgo, entre esas dos superpotencias existen necesidades recíprocas, fundadas en la amplia gama de intereses comunes surgidos de la extraordinaria interdependencia económica existente entre ambas.

Una de las peores catástrofes que le podría ocurrir a Estados Unidos sería una debacle de la economía china y, a la inversa, una de las peores hipótesis para China sería un colapso de la economía estadounidense. Si durante la guerra fría la bomba atómica instauró el principio de la “destrucción mutua asegurada”, que impidió el estallido de un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sostuvo la paz mundial durante más de 40 años, la interdependencia económica implica la validez de ese mismo principio en la relación entre Estados Unidos y China.

El G-2, convertido en una suerte de “mesa chica” del G-20, es la nueva plataforma de la gobernabilidad mundial. Competencia y cooperación, en un escenario de recurrentes conflictos y negociaciones, es la fórmula que vincula a las dos superpotencias. Así en la guerra fría la inserción internacional de cada país podía definirse a partir del tipo de relaciones que mantenía con Estados Unidos y con la Unión Soviética, en el mundo de hoy la participación de cada nación en el sistema global puede medirse en función de la naturaleza de sus vínculos con Estados Unidos y con China. En ese contexto, pierden todo sentido práctico las ideas de alineamientos automáticos en cualquier dirección. Lo verdaderamente relevante es la calidad y el grado de integración que un país tenga en el sistema mundial.

LA CUESTIÓN SOCIAL HOY

Este nuevo escenario mundial modifica también la naturaleza de la cuestión social y demanda una redefinición del significado de la justicia social. En las condiciones surgidas del proceso de digitalización del sistema productivo global, las crecientes desigualdades en la distribución del ingreso, la calidad del empleo, las posibilidades de incorporación al mundo del trabajo y hasta la línea divisoria entre la inclusión y la exclusión social estarán cada vez más determinadas por el acceso que tengan los países, las regiones, los grupos sociales y los individuos a los constantes adelantos derivados de ese incesante cambio tecnológico en marcha.

Estas transformaciones, operadas en un lapso históricamente breve, imponen la necesidad de replantear en nuevos términos la cuestión social. La respuesta estratégica a este desafío es la puesta en marcha de una verdadera Revolución de la Educación y del Trabajo, que promueva la rápida creación de las condiciones propicias para la incorporación activa de la Argentina como nación, y no sólo de una minoría privilegiada, a esta sociedad del conocimiento. Aquí reside, en términos de Perón, el eje de esa nueva “montura” que habrá que fabricar para “cabalgar la evolución”.

La vertiginosidad de los cambios científicos y tecnológicos deja atrás el concepto de la educación concebida como una función circunscripta a una etapa de la vida. Hoy la educación constituye un proceso de aprendizaje permanente que involucra a todas las edades. Representa una nueva dimensión de la existencia humana. La formación continua es un instrumento insustituible para la capacitación de la fuerza de trabajo, exigencia en una economía cada vez más sofisticada. La vinculación entre el mundo de la educación y del trabajo, cruzados por el vector tecnológico, es un requisito imprescindible para reducir las desigualdades sociales.

Por su naturaleza y magnitud, esta cruzada educativa exige un decidido impulso del Estado y un activo protagonismo de la sociedad civil. En este punto, las organizaciones sindicales tienen un rol fundamental. Por su experiencia histórica y su capacidad organizativa, están en condiciones de convertirse en los principales actores de ese esfuerzo de autoeducación colectiva de la sociedad. La tarea de impulsar un salto cualitativo en el campo de la formación laboral y profesional de nuestro pueblo, redefinida en estos términos de autoeducación permanente, tiene una significación social tan trascendente y revolucionaria como la que tuvo la legislación laboral que distinguió a la revolución social encarnada por el peronismo entre 1945 y 1955.

Una expresión emblemática del fenómeno de la marginalidad social creciente en la Argentina, cuya erradicación es el objetivo prioritario de la época, son los centenares de miles de familias que habitan en villas de emergencia y asentamientos precarios. La primera respuesta a este desafío es una reforma del sistema legal, fundada en el reconocimiento de la posesión precaria de esos bienes inmuebles. Eva Perón decía: “queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios”.

Para ello, corresponde transitar el camino iniciado con la ley aprobada en 2018 por unanimidad del Congreso Nacional, que en una cabal demostración de consenso político sentó las bases de un plan de regularización de los derechos de propiedad en los más de 4.000 villas de emergencia y asentamientos inscriptos en el censo de barrios populares realizado en 2017 conjuntamente entre el Estado, los movimientos sociales, Caritas, los sacerdotes villeros y otras organizaciones no gubernamentales.

Hace ya muchos años, sociólogo peruano Hernando De Soto, un intelectual de formación liberal, en su libro “El misterio del capital”, advertía que “no tiene sentido continuar pidiendo economías abiertas sin encarar el hecho de que las reformas económicas en curso sólo les abren las puertas a elites pequeñas y globalizadas y excluyen a la mayoría de la Humanidad. Hoy la globalización capitalista está preocupada por interconectar sólo a las elites que viven dentro de la campana de vidrio. Retirar la campana de vidrio y acabar con el apartheid a la propiedad requerirá ir más allá de las fronteras actuales, tanto las económicas como las de la ley”. Francisco expresa esa necesidad con la consigna de las “Tres T”: tierra, techo y trabajo.

LA REVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS

Pero la senda de la justicia social es inseparable de la creación de riqueza a través del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Hay que distribuir la riqueza, no repartir la pobreza. En la economía globalizada, esa demanda requiere participar activamente en la carrera mundial de la competitividad. En un mundo cada vez más integrado, la competitividad tiene carácter sistémico. No compiten sólo las empresas. Compiten también, y principalmente, los países, las regiones y las ciudades, o sea distintos sistemas integrales de organización y de decisión, esto es entre estados. De allí la importancia que adquiere en esa competencia sistémica la eficacia del Estado en la provisión de bienes públicos de alta calidad en materia de educación, salud pública, justicia, seguridad ciudadana y medio ambiente.

En una economía globalizada, las características que adquiere el proceso de industrialización en cada país surgen del cruce ente sus ventajas competitivas y los requerimientos del mercado mundial. En ese sentido, tenemos por delante una gran oportunidad: la explosión de crecimiento de los países asiáticos, liderados por China, acompañada por el incremento del nivel de consumo de sus poblaciones, provoca un aumento de la demanda mundial de alimentos. El abastecimiento de la “mesa de los asiáticos” es un objetivo prioritario para el desarrollo económico de la Argentina.

Por lo tanto, la puesta en marcha de una Revolución de los Alimentos es el camino para impulsar una reindustrialización internacionalmente competitiva de la Argentina. Es la llave maestra para potenciar las exportaciones y generar las divisas necesarias para superar los estrangulamientos en la balanza de pagos que generan las crisis recurrentes de la economía argentina.

La conversión de la Argentina en una potencia alimentaria de envergadura mundial supone una redefinición de nuestra geografía económica. Esta reformulación geopolítica demanda profundizar la integración con los países vecinos, fundada en un criterio de “regionalismo abierto”. La Argentina tuvo tradicionalmente su mirada puesta en la frontera atlántica, que la vincula con Europa. Ahora tiene que focalizarla sobre su frontera americana, que la une con sus países vecinos y a través de Chile con el Océano Pacífico, que es la vía de comunicación con los grandes mercados de consumo del continente asiático.

El rediseño de la geografía económica imprime viabilidad a una estrategia orientada hacia una redistribución de la población, un objetivo que en estas nuevas condiciones productivas y con las nuevas tecnologías de la información ya no es más una quimera romántica sino una posibilidad real, que forma parte de la tendencia estructural hacia la desconcentración demográfica que experimenta actualmente el mundo desarrollado.

Este objetivo implica el lanzamiento de una nueva epopeya colonizadora, equivalente a una Segunda Conquista del Desierto. Requiere una estrategia de inversiones en infraestructura, con eje en el incremento de la conectividad, para hacer posible la fundación de nuevas ciudades. Exige también una política de tierras que promueva el acceso a la propiedad, una exigencia que corrobora que lo económico y lo social no pueden concebirse como compartimentos estancos sino como aspectos de una unidad indivisible.

LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN EL SIGLO XXI

La redefinición de la geografía económica tiene también hondas implicancias políticas. Supone un replanteo del marco institucional orientado en la dirección que señala Perón de la construcción de la comunidad organizada, concebida como un sistema de poder y un modelo de organización de la sociedad. Porque la multiplicación de polos de desarrollo productivo en las distintas regiones supone una descentralización económica y política que vigoriza el protagonismo y la autonomía de las provincias y los municipios. Esa reaparición de la Argentina federal es un pilar fundamental para el rediseño del sistema institucional en el sentido señalado por Perón cuando definía a la comunidad organizada como la “conjunción entre un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre”.

La lógica profunda, eminentemente popular, no elitista, de las democracias contemporáneas, es una oleada que resulta hoy potenciada por estampido de participación derivado del empleo cada vez más generalizado de las redes sociales como mecanismo de información y de intervención política. Por eso el principio rector para el funcionamiento de ese sistema institucional es “un pueblo libre”, lo que implica la profundización de la democracia.

Esa concepción significa colocar siempre lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre los asuntos concernientes a cada sector social y a cada comunidad local. El aporte propio y original de esa visión de la comunidad organizada, aquello que la diferencia cualitativamente de las concepciones ideológicas tradicionales, es el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo como núcleo de una democracia participativa que amplía sustancialmente el sistema tradicional de representación política.

Pero el concepto de comunidad organizada no es una noción estática, detenida en el tiempo. Está obligado a evolucionar junto con la sociedad. En esta sociedad del siglo XXI, cada vez más diversificada y compleja, irrumpen nuevos actores cuya presencia y protagonismo es imposible desconocer. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales, concebidos como formas incipientes de organización de los excluidos, y de todas las nuevas manifestaciones organizativas que expresan la inmensa riqueza y la vitalidad de la sociedad civil.

LA ARGENTINA EN EL MUNDO

En esta nueva sociedad mundial la distinción entre el “afuera” y el “adentro” se diluye hasta casi desaparecer. La solidez de un sistema político está indisolublemente ligada con los niveles de integración de cada país en el sistema de global. Esto supone el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos y con China, que constituye además una inmensa fuente de oportunidades. Pero, en la situación específica de la Argentina, lo fundamental de su inserción en el mundo pasa por su asociación con Brasil, nuestro principal socio comercial y aliado estratégico necesario a nivel regional y global. El núcleo de esta alianza estratégica es la transformación de América del Sur en la mayor fuente de producción de proteínas del siglo XXI.

La Argentina es parte de una etapa cualitativamente novedosa de la historia universal. El desafío es aprovechar las posibilidades que ofrecen un mundo en expansión, guiado por la Cuarta Revolución Industrial y el ascenso del mercado asiático. La recuperación de la economía mundial después de la pandemia, la superabundancia de liquidez en el mercado global de capitales, que facilita la obtención de crédito externo a tasas inéditamente bajas, y el aumento del precio de los productos agrícolas determinan una coyuntura internacional favorable para la Argentina, que incluye el aumento del precio de la energía, una cuestión a la que políticas equivocadas han convertido en un problema pero que políticas correctas pueden transformar rápidamente en una oportunidad.

Mientras el mundo y América Latina vivieron en los últimos años una etapa de crecimiento económico y de reducción de la pobreza y la marginalidad social, empujada principalmente por los países asiáticos, la Argentina padeció una larga fase de estancamiento. El ingreso por habitante es menor que hace diez años y, por consiguiente, los índices de pobreza y de indigencia fueron en aumento. La pandemia empeoró esos indicadores preexistentes, aunque la magnitud de la caída tornó previsible un efecto de rebote. El desafío es convertir esa recuperación coyuntural en el piso de una etapa de crecimiento sostenido.

El problema no hay que buscarlo afuera sino adentro. Existe una enorme crisis de confianza, patentizada en un profundo descreimiento colectivo, reflejado en la fuga de capitales y la caída de la inversión. Esa desconfianza se manifiesta en el hecho que los argentinos tenemos ahorrados fuera del sistema bancario, sea en el país o en el exterior, en activos financieros o en inversiones inmobiliarias, un volumen de divisas semejante a nuestro producto bruto interno. Fuera de Estados Unidos, somos el país del mundo con mayor cantidad de dólares por habitante. La inversión en la actividad productiva de apenas un 10% de esa cifra sería suficiente para motorizar el despegue de la economía.

LA CRISIS POLÍTICA

La fragilidad del tejido institucional, unida al debilitamiento del poder político, cuyo vértice es la autoridad presidencial, incentiva la tendencia del conjunto de la sociedad argentina a manifestar sus reclamos a través de la acción directa, que incluye movilizaciones masivas, paros, piquetes, cacerolazos, cortes de rutas, ocupación de tierras y demás expresiones de descontento que grafican un escenario de creciente ingobernabilidad, al borde del estallido.

En la Argentina de hoy es fundamental distinguir entre la coalición de gobierno y el conjunto del sistema de poder. En la primera, expresada en el Frente de Todos, sobresale la hegemonía de Cristina Kirchner, quien en tal carácter imprime su sesgo a la gestión gubernamental. Pero esa coalición no está envasada al vacío. Está forzada a funcionar dentro de un sistema de poder más amplio y diverso, conformado por un complejo entramado que integra también a la oposición política, los poderes territoriales, los sectores empresarios, los medios de comunicación social, la corporación judicial y las organizaciones de la sociedad civil.

Cristina Kirchner puede imponer su voluntad en la coalición oficialista pero le resulta imposible trasladar esa hegemonía al conjunto de este sistema de poder. Sus recurrentes intentos por modificarlo, simbolizados en la tentativa de avanzar sobre el Poder Judicial, cuya máxima expresión es la Corte Suprema de Justicia, han fracasado rotundamente. Las consecuencias de esa derrota están a la vista.

Es una casualidad cargada de sentido que el “kirchnerismo” termine propiciando movilizaciones para pedir la renuncia o la destitución de lo que el “macrismo” calificaba despectivamente como la “mayoría peronista” de la Corte”. En efecto: tres de los cuatro actuales ministros de la Corte (Horacio Rossati, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) nacieron en provincias de la Región Centro y fueron estigmatizados por el gobierno de Macri como la “mayoría peronista” del tribunal. Maqueda fue ministro de José Manuel De la Sota en Córdoba, Rossati fue intendente de la ciudad de Santa Fe y luego Ministro de Justicia de Kirchner y Lorenzetti tuvo militancia en el peronismo santafecino.

Importa señalar que las controversias sobre las causas judiciales que concentran la atención mediática tienden a veces a ocultar el hecho de que, más allá de la tipificación de los delitos y la discusión sobre si la figura de la asociación ilícita es aplicable o no a una jefa de Estado, lo que en términos reales está puesto en el banquillo de los acusados es la estructura misma del capitalismo prebendario, o “capitalismo de amigos”, un sistema de negocios que impregna desde hace muchos años y con distintos gobiernos la relación entre el Estado, la política y los sectores empresarios de la llamada “Patria Contratista”. El caso emblemático es la denominada “Causa de los cuadernos”, impulsada en su momento (bueno es recordarlo) por otro juez que, al igual que Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, tenía también una clara extracción peronista: Claudio Bonadio.

Cristina Kirchner ha fracasado en su ofensiva sobre el Poder Judicial y la dinámica de la coalición gobernante, signada por el vaciamiento de la autoridad presidencial, la catapulta a un lugar de poder que no está en condiciones de ejercer. A pesar de su indiscutible hegemonía en el Frente de Todos, los acontecimientos ratifican que no está en condiciones de gobernar la Argentina, como ya había quedado acreditado con las derrotas en las elecciones presidenciales de 2015 y en la renovación legislativa de 2017, cuando perdió ante Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y también en la contienda de 2019, cuando se vio obligada a ceder la candidatura presidencial a Alberto Fernández. Si algo faltaba para acreditar esa imposibilidad de asumir la responsabilidad gubernamental, el ascenso al gobierno de Sergio Massa termina de verificarla en los hechos.

Pero tampoco constituye una alternativa de gobierno una oposición derrotada en las elecciones de 2019, que carga sobre sus espaldas el fracaso de Mauricio Macri. Una característica de esta polaridad, signada por la impotencia, fue la consolidación de la Región Metropolitana como epicentro de la política nacional. Con una particularidad: el AMBA expresa también la dualidad estructural de la Argentina, exhibida en el contraste entre la ciudad de Buenos Aires, gobernada desde hace quince años por el PRO, y el Gran Buenos Aires, asiento principal la marginalidad social y a la vez actual columna vertebral del electorado del Frente de Todos, concentrado en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en La Matanza.

REFORMULACIÓN DEL PODER

La situación exige una reformulación integral del sistema de poder político instaurado a partir del 10 de diciembre de 2019, a fin de fortalecer sustancialmente sus bases de sustentación y de dotarlo de la capacidad suficiente para adoptar con energía y decisión todas las medidas que las circunstancias impongan para salir de la emergencia y encarar las reformas indispensables para abrir un nuevo horizonte para la producción y el trabajo de los argentinos.

Pero la reformulación del sistema de poder no es una fórmula algebraica fundada en la reforma del actual loteo político del aparato del Estado, implementado a través de la cuotificación de las responsabilidades gubernamentales. Requiere un sentido estratégico, un contenido y una misión definida. Demanda, ante todo, un acuerdo nacional alrededor de una política de mediano y largo plazo orientada a resolver el drama de la pobreza y la marginalidad social que constituye el mayor desafío que tiene por delante la Argentina.

Existe un consenso generalizado, que incluye a la mayoría de la dirigencia de los movimientos sociales, sobre el agotamiento del modelo asistencialista, surgido como una respuesta transitoria a la hecatombe de diciembre de 2001 y convertido luego en una política permanente por sucesivos gobiernos. Ese agotamiento, revelado en las urnas con la derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre de 2021, había quedado evidenciado en 2020, cuando la irrupción de la pandemia catapultó una nueva oleada de movilidad social descendente que disparó los índices de pobreza y quitó a las prácticas asistencialistas sus últimos atisbos de sustentabilidad económica.

Desde entonces, la evolución de los acontecimientos y el vaciamiento de una autoridad presidencial intrínsecamente débil por las particular anomalía de su origen, pusieron a la Argentina al borde de una crisis de gobernabilidad de características distintas pero dimensiones semejantes a las vividas en junio de 1989, que provocó la salida anticipada de Raúl Alfonsín, y en diciembre de 2001, que produjo la caída de Fernando De la Rúa.

Con las diferencias propias de cada caso, esta crisis presenta ciertas similitudes con 1989 y otras con 2001. Atravesamos una situación económica que, por la espiral inflacionaria, evoca la agonía del gobierno de Alfonsín, previa al estallido de la hiperinflación, y una situación política que, por la debilidad del poder presidencial, recuerda el final del mandato de De la Rúa, erosionado por la crisis interna de la alianza gubernamental, iniciada por la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez y profundizada por la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de ese año.

Las reiterativas discusiones entre los economistas sobre la raíz del fenómeno inflacionario suelen subestimar una causa eminentemente política: la ausencia de un sistema de poder con capacidad suficiente para ordenar la puja distributiva que caracteriza a cualquier sociedad en toda época de la historia. Porque uno de los atributos esenciales del poder político es la capacidad para contener la conflictividad social y, cuando es necesario, decir “no” a las demandas sectoriales de imposible satisfacción. Cuando esa capacidad se evapora, toda alternativa está condenada al fracaso y la ingobernabilidad está a la vuelta de la esquina.

DISTRIBUIR LA RIQUEZA, NO LA P0BREZA

No existe ninguna política social exitosa sin una estrategia de crecimiento capaz de sustentarla. La implementación del consenso sobre la necesidad de sustituir los planes sociales con trabajo genuino en el sector privado y no en la burocracia estatal requiere una transformación estructural orientada a multiplicar las exportaciones e impulsar la inserción de la Argentina en el nuevo escenario mundial. Se trata de distribuir la riqueza, no de repartir la pobreza.

El núcleo de esa estrategia es el aprovechamiento integral de los recursos naturales de la Argentina, diseminados en todo nuestro territorio, incluida la plataforma submarina, con énfasis en el fortalecimiento de la cadena agroindustrial y el despliegue de la amplia gama de actividades derivadas de la agroindustria, acompañado por la aplicación intensiva de la economía del conocimiento al sistema productivo.

El objetivo estratégico es impulsar una reindustrialización internacionalmente competitiva de la economía argentina. En esa dirección, las cuatro actividades prioritarias que en la presente emergencia representan además una “fábrica de dólares” capaz de proveer las divisas indispensables para evitar el colapso financiero son la agroindustria, la energía (en especial la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta), los minerales (en particular el litio) y la industria del conocimiento.

Pero toda estrategia económica exige una sólida apoyatura política y social. Esto implica una convergencia entre los sectores populares, tradicionalmente expresados por el peronismo y expresados a través de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, y los sectores productivos tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivos, cuya principal manifestación, aunque de ninguna manera la única, es el complejo agroindustrial argentino, uno de los más importantes a escala mundial, cuyo epicentro geográfico está aquí, en Córdoba y toda la Región Centro de la Argentina. Es lo que Pablo Gerchunoff, un economista radical de sólida formación intelectual y política, sintetizó como la creación de una “coalición popular exportadora”.

PASADO Y PRESENTE

La lucha política tiene características sistémicas. Cualquier modificación significativa en uno de sus actores principales repercute en el conjunto. Por eso, la pérdida de centralidad de Cristina Kirchner como factor determinante promueve un reacomodamiento en todos los sistemas de alianzas que afecta tanto al oficialismo como a la oposición en todas sus variantes. La crisis del “kirchnerismo” supone, como una contrapartida inevitable, una crisis en el ”anti-kircherismo”. No solamente el peronismo sino también Juntos por el Cambio está obligado a replantear su identidad ante esta nueva etapa que empieza a divisarse en el horizonte. Porque el epicentro de la política argentina ya no es la concentración del poder que caracterizó a la ”era K” sino más bien su descomposición.

Si bien las analogías históricas nunca sirven para explicar el presente, y mucho menos predecir el futuro, a veces actúan a modo de advertencia para desmemoriados. En 1982 casi nadie imaginaba que Raúl Alfonsín le ganaría al peronismo las elecciones presidenciales de 1983. En 1987, los analistas descontaban que en 1989 el candidato del peronismo y futuro presidente sería Antonio Cafiero y no Carlos Menem. En 1997, tras su victoria sobre “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires, la candidata natural de la Alianza para 1999 parecía ser Graciela Fernández Meijide y no Fernando De la Rúa. En 2002, las encuestas posicionaron alternativamente a Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saa, Ricardo López Murphy o al propio Menem, pero nadie apostaba por Néstor Kirchner para la elección de 2003. En 2014, tras su victoria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el favorito como opción opositora para 2015 era Sergio Massa y no Mauricio Macri. Mucho más imprevisible fue lo ocurrido en 2019, cuando Alberto Fernández fue notificado por Cristina Kirchner de su designación como candidato presidencial.

Estos ejemplos aconsejan eludir la clásica propensión a pronosticar el futuro político, y en especial las elecciones de 2023, como una simple proyección mecánica del presente escenario y visualizarlo, en cambio, como parte de una realidad en movimiento, en la que los hechos disruptivos juegan un papel decisivo, más aún cuando tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio cabe observar sendos reacomodamientos de fuerzas que ponen en tela de juicio su actual configuración.

ANTE UNA NUEVA ETAPA HISTÓRICA

Esta exigencia de recomposición del sistema político coincide con un cambio significativo en las tendencias profundas de la sociedad. Las encuestas indican algo que en términos metafóricos, propios de un reduccionismo periodístico, cabria considerar como una suerte de “giro a la derecha” de la opinión pública. Esas mediciones, que meses atrás ya habían mostrado, por primera vez en la historia, un apoyo mayoritario a la necesidad de firmar de un acuerdo con el FMI, consignan que la escalada inflacionaria está en el tope de las preocupaciones populares, seguidas por la seguridad pública y la corrupción, y marcan un fuerte rechazo a los piquetes como metodología de protesta, así como revelan el respaldo a la idea de transformar los programas sociales en planes de trabajo, en otra manifestación del consenso existente sobre el agotamiento del asistencialismo como respuesta al desafío de la pobreza. El auge de la retórica “libertaria” es una expresión de ese fenómeno.

Hay antecedentes sobre el modo en que estas mutaciones en la opinión pública preceden a los cambios políticos. A mediados del gobierno de Alfonsín, las encuestas de Manuel Mora y Araujo, uno de los mayores expertos en la materia de aquella época, anticipaban que la mayoría de los argentinos, agobiados por la inflación y el déficit de los servicios públicos, empezaba a revisar sus viejos conceptos sobre el papel del Estado en la economía y apoyaba la privatización de las empresas estatales.

Esa percepción, asumida por comunicadores como Bernardo Neustdat y reflejada en el ascenso de la UCD de Alvaro Alsogaray y de su brazo universitario, UPAU, que disputaba a la izquierda y el radicalismo las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires, explica la aceptación que encontraron las reformas estructurales protagonizadas por el peronismo, con el liderazgo de Carlos Menem, en un escenario mundial signado por la caída del muro de Berlín.

A la inversa, la debacle de 2001 provocó un deslizamiento en la opinión pública hacia el estatismo. En el peronismo, ese cambio de tendencia favoreció el ascenso de Néstor Kirchner, en un mapa regional signado por el triunfo de Lula en las elecciones brasileñas de 2002, el protagonismo de Hugo Chávez desde Venezuela y la pérdida de importancia relativa de América Latina para Estados Unidos, que tras el atentado contra las Torres Gemelas de septiembre de 2001 concentró sus prioridades en la guerra global contra el terrorismo y las intervenciones en Afganistán y en Irak.

La dirigencia peronista tiene una forma particular de metabolizar estos fenómenos. Kirchner solía narrar una anécdota elocuente, ocurrida en una de las frecuentes reuniones de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones a fines de 2002, en la que estaba sentado junto a Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe y uno de los más firmes candidatos para las elecciones de 2003. En esa ocasión Kirchner, en voz bien baja, le preguntó: “Y, Lole, te largás?”. Reutemann le respondió: “No, éste no es un momento para el centroderecha sino para el centroizquierda. Esta vez te toca a vos”. Es probable que diálogos parecidos empiecen a escucharse en las próximas semanas en esas mismas oficinas del CFI.

REINVENTAR EL PERONISMO

El peronismo está nuevamente obligado a reinventarse a sí mismo. El debilitamiento del vértice del poder encarnado por Cristina Kirchner provoca una tendencia a la horizontalización que genera diversos intentos aislados para cubrir ese vacío, sea por dentro o por fuera del Frente de Todos. Estas circunstancias abren espacio para encarar la construcción de una suerte de “arca de Noé” para canalizar las energías dispersas y la múltiples iniciativas parciales que buscan una alternativa superadora al “kirchnerismo”, empeñado hoy en usar al peronismo como un aguantadero político para refugiarse y sobrevivir.

En el actual estado de dispersión, esa arca de Noé tiene que adquirir forma de red, acorde con la época, para posibilitar la libre participación de expresiones diversas y proveniencias distintas, en una acción coordinada en la que una multiplicidad actores pueda sentirse parte de un todo. Ese esfuerzo tiene que estar acompañado por una política de construcción de puentes, que por discreción en algunos casos pueden ser túneles, para conectarse con los dirigentes y cuadros territoriales que por sus actuales responsabilidades institucionales, sus compromisos personales y hasta por razones de supervivencia aún no se sienten en condiciones de sumarse a un proyecto nacional o todavía especulan con que podrán sobrevivir en soledad.

Esta alternativa superadora, basada en la afirmación de la unidad nacional como un valor superior indispensable para dejar atrás el enfrentamiento estéril entre los argentinos, requiere traspasar las fronteras partidarias. No puede consistir en una nueva edición de la “avenida del medio” sino en la construcción de una auténtica “Autopista del Centro”, que como tal pueda transitarse por diferentes carriles y sepa atraer a los sectores de Juntos por el Cambio, tanto del radicalismo como del PRO, que no estén dispuestos a dejarse arrastrar por la prédica antiperonista ni a repetir los errores que llevaron al fracaso del gobierno de Macri.

Un breve paréntesis: sólo en un lugar como éste, en presencia de tantos compañeros con historia, tiene algún sentido recordar la enseñanza de Perón de que el dispositivo del peronismo se conducía desde el centro y no desde ninguna de sus alas. En un escenario político signado por la mentada “grieta”, esa aseveración sobre la necesidad “conducir desde el centro”, y no desde ninguna de las alas, recobra vigencia no sólo para el peronismo sino también para el conjunto de la Argentina.

Precisamente esa descomposición del conjunto del actual sistema de fuerzas, reflejada en un panorama de creciente fragmentación, abre la posibilidad de una recomposición orientada hacia la configuración de nueva alternativa de poder. No se trata de reconstruir una imaginaria mayoría preexistente, sino de una mayoría a construir con ideas y propuestas renovadas. En política para vencer hay que convencer. Esta fue la gran lección que el peronismo aprendió en 1983 y originó el surgimiento de la renovación. Avanzar en esa dirección exige, en primer lugar, enterrar el pasado como tema de discusión política, tal como lúcidamente hizo Perón cuando volvió a la Argentina en noviembre de 1972.