No hay camino más directo hacia el desguarnecimiento de un país que la inconciencia de sus dirigentes respecto de las amenazas concretas a su subsistencia e integridad. Esta inconciencia se manifiesta en diversos registros; desde el negacionismo en torno al reto, protagonizado por la misma magistratura suprema de la Nación, hasta el ninguneo o las interpretaciones reduccionistas. Así, para la Dra. Carrió, detrás del conflicto mapuche no hay más que un negocio inmobiliario de la dinastía gobernante, mientras para el Jefe del gobierno porteño y el Ministro de Seguridad nacional, se trata de meros “delincuentes”, adscribibles, quizás, a la misma categoría que los escruchantes o las mecheras…
Una vez más, lo “políticamente correcto” marca los límites e impone las distorsiones. Se trata de no mirar de frente al fenómeno que se nos impone. Y a esa negación contribuye el aldeanismo de la inmensa mayoría de nuestra clase política. Entendámonos: no se trata de que sepan lo que pasa en Afganistán; simplemente de que se asomen al otro lado de la Cordillera para percibir las semillas y las estrategias de la amenaza que hoy afrontamos.
La primera pregunta a responder para poder formular una posición consistente ante el desafío es: ¿de qué se trata? Y aquí, frente al confusionismo deliberado, debe negarse que se trate de un problema de propiedad de la tierra, de “reforma agraria’. No es cuestión de pleitear sobre la titularidad de fundos fiscales o privados que sería reivindicada por los integrantes de pueblos presuntamente originarios. Se trata del derecho a gobernar y legiferar sobre las poblaciones establecidas, sea cual fuere su pertenencia étnica real o imaginada. Para decirlo en los términos técnicos del derecho romano, se trata del imperium, no del dominium. Por ende no procede utilizar meramente los recursos del derecho civil o del derecho penal ordinario; se trata de recurrir a los instrumentos necesarios para preservar la soberanía en la región afectada.
Identifiquemos el desafío. Estamos ante una organización secesionista, que pretende tomar una porción significativa del Estado argentino como base territorial de un nuevo Estado; así lo manifiestan sus documentos, proclamas, símbolos y hasta mapas profusamente difundidos. Sus procedimientos son terroristas, como lo acreditan centenares de hechos registrados en los últimos años; es más, el terror es, hasta hoy, su único recurso político, toda vez que ni siquiera ha intentado hacerse oír por otros medios. Su dimensión es trasnacional, en vista de la estrecha alianza y cooperación recíproca que mantiene con la “Coordinadora Arauco-Malleco”, preexistente en el ámbito chileno (*). Esta última ha escalado su actividad al punto de obligar al Estado trasandino a establecer, hace días, el “estado de excepción constitucional de emergencia”, que permite el despliegue de las fuerzas de seguridad, con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en actividades logísticas, de comunicaciones, de patrullaje, etc. para enfrentar, fundamentalmente, el nivel de reto que hoy le plantea la CAM.
En nuestro país, el objetivo táctico próximo de la RAM consiste en lograr la anulación de la presencia del Ejército y de las fuerzas federales de seguridad en la región afectada, que quedaría librada al solo amparo de las policías provinciales y de una Justicia visiblemente infiltrada o atemorizada.
La meta última de la RAM, lo hemos señalado, es romper la Argentina. Pero vista la dificultad inherente a la concreción de semejante finalidad, existe un objetivo alternativo, entendido como transitorio y, claramente de mayor viabilidad. Se trata de la propuesta de reconstituir a nuestro país como un “Estado Plurinacional”, de manera homóloga a la que ya ha anunciado para Chile la Presidente de su Asamblea Constituyente, la mapuche light Elisa Loncón. El concepto es politológicamente bastante ambiguo. De hecho puede comprender desde Estados fuertemente descentralizados en su administración territorial hasta Estados resultantes de la integración de “naciones” supuestamente preexistentes al mismo, que regularían contractualmente sus relaciones pudiendo, como resultado, construir una realidad institucional asimétrica. Es a éste último concepto al que parece aludir Loncón cuando asegura que “los mapuches históricamente hicimos muchos pactos con los chilenos”. En esta perspectiva la “nación mapuche” constituiría per se un sujeto político que, en un plano horizontal, acordaría –o no- con el resto de la población de Chile (idem Argentina). Los contenidos de tales acuerdos podrían incluir la reserva de un cupo de escaños en el Congreso, la existencia de Poderes Judiciales plurinacionales que apliquen distintos órdenes jurídicos e incluso la reserva de ciertos puestos en el Gabinete para las “naciones” constituyentes. Resulta claro que un Estado plurinacional así concebido no es sino la traducción geoinstitucional del “multiculturalismo”, instrumento privilegiado para desgarrar a las naciones constituidas. E implica la pretensión antihistórica de revertir el vasto proceso de mestizaje producido primero entre españoles e indígenas y luego entre criollos e inmigrantes europeos a lo largo de medio milenio.
Va de suyo que, si la secesión lisa y llana resulta –todavía- difícilmente asimilable, la propuesta plurinacional reviste todos los caracteres capaces de hacerse aceptable al paladar de ciertos sectores de nuestra Clase Política y a muchísimos de sus “intelectuales orgánicos”.
Probablemente se trate sólo de una etapa, pero incluso su simple planteamiento implicaría ya una ominosa perspectiva para la deriva histórica de nuestra frágil vertebración nacional.
(*) Véase al respecto La conexión argentina: Resistencia Ancestral Mapuche, informe producido por el Observatorio del Terrorismo en Chile.