Por Federico A. Ialorenzi
Una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados son los elementos que, de forma simple, podemos identificar en los actuales Estados nacionales.
Con la consolidación de la globalización y sobre todo luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial han proliferado y tomado más fuerza diferentes organismos internacionales, que generaron normas a partir del acuerdo entre diferentes Estados, buscando así consensos y pacificación en respuesta a los hechos convulsionantes ocurridos durante el siglo XX.
Hoy existen organismos con potestades mixtas y cortes internacionales y también órganos legislativos que generan obligaciones en los territorios de los países adherentes.
Según varios autores estos entes han ido conformando una especie de gobierno con carácter global. Como ejemplo, podemos tomar lo ocurrido durante 2020, donde la Organización Mundial de la Salud funcionó, en los hechos, como una especie de Ministerio de Salud del mundo, emitiendo recomendaciones y directrices que llevaron a diferentes decisiones políticas sobre cómo actuar frente al COVID-19.
Si bien esta forma de entender la realidad actual de la organización política mundial parece bastante acertada, también podría entenderse que poco a poco está quedando un tanto desactualizada, cuestión que profundizaremos más adelante.
NUEVA ORGANIZACION
Estamos viviendo cambios muy importantes en la política global, donde ya desde hace algunos años las grandes empresas dedicadas al desarrollo de innovaciones tecnológicas (en inglés, Big Tech), a través de sus plataformas, como redes sociales y aplicaciones de mensajería, han ido tomando mayor relevancia y poder en el discurso público. Cada vez con mayor frecuencia se debaten cuestiones de carácter público en espacios que son provistos por empresas sostenidas principalmente por capitales privados.
En estos nuevos espacios de discusión pública se exponen cuestiones íntimas, se desarrollan tareas laborales, se efectúan transacciones comerciales y se da la comunicación habitual entre personas, generando una gran dependencia de estos espacios y otorgando así un mayor poder de decisión a las empresas que los facilitan. Esto incluso les brinda la posibilidad de incidir en el ejercicio de derechos tan básicos como el de libertad de expresión.
En este contexto las grandes empresas tecnológicas añaden nuevas funciones y características a sus plataformas y generando estructuras que van más allá de los servicios que prestan. Por ejemplo, hace algunos meses se conformó un Consejo Asesor de Contenido de Facebook, para la moderación de los contenidos que proveen sus usuarios. Una especie de poder judicial de carácter privado que determina la posibilidad o no de expresarse en los medios provistos por la empresa de Mark Zuckerberg.
También vemos como cada día salen a la luz nuevas criptomonedas, que probablemente, en un tiempo no tan lejano, vayan reemplazando al dinero en efectivo e incluso a los signos monetarios, y que de algún modo son una expresión de la historia, la cultura y la soberanía de un determinado territorio.
Recientemente, el Gobierno de Nevada en los EE.UU., ha presentado un proyecto para generar zonas de innovación, consistente en la radicación de empresas tecnológicas en el territorio del Estado con el fin de generar una especie de gobierno paralelo con la facultad de fijar impuestos y hasta tribunales propios. Proyecto que por el momento se ha desactivado.
La tenencia de gigantescas cantidades de datos personales, la capacidad de procesarlas y convertirlas en información útil, el hecho de ser grandes proveedoras de servicios y de información a los diferentes gobiernos del mundo y la posibilidad de absorber tareas que hasta ahora eran exclusivas de los Estados nacionales, hacen que el poder de estas empresas sea enorme y crezca día a día.
¿HACIA DONDE CAMINAMOS?
Desde hace algunas décadas los países están modificando sus normas y regulaciones internas de modo que se ajusten a lo que dictan los organismos y las cortes internacionales. Esta estandarización sin dudas logra ser muy rentable para las empresas multinacionales, ya que les ahorra grandes costos operativos.
En consecuencia, parecería ser que los organismos internacionales pasarán a conformar las bases doctrinales y normativas de los nuevos Estados, recayendo el poder de gobierno en las grandes empresas tecnológicas, y así dirigirnos hacia una organización política donde los territorios, hoy repartidos en diferentes países, perderían su identidad propia.
Por ello, consideramos válido reflexionar sobre qué quedará de los Estados actuales si continúa el acelerado avance de estos actores privados por sobre lo público. Esto podría llegar a configurar Estados sin sentido de nación, de patria y hasta de historia común, quedando carentes de identidad.
Quizás sea el momento de no pretender aniquilar al Estado, sino de repensarlo para que sea eficiente y pueda brindar respuestas adecuadas a la configuración política que se viene.