Frente a la funesta epidemia de corrupción que se ha enseñoreado sobre la república, con protagonistas que pretenden ser considerados perseguidos políticos y no vulgares ladrones, y, también, ante el saqueo de las arcas públicas originado en el festival indemnizatorio destinado a recompensar a quienes atacaron las instituciones del Estado, asesinaron, secuestraron y robaron, con un costo que excede los dos mil millones de dólares, querría contrastar una conducta que no debería quedar en el olvido. El doctor Julio Carlos González fue secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación; también, secretario privado de María Estela Martínez de Perón.
Fue detenido junto con ella en la madrugada del 24 de marzo de 1976. En cuanto pudo hacerlo se ocupó de que un colaborador suyo, el doctor Julio Noacco, restituyera fehacientemente los fondos reservados que tenía a su disposición. Por ese hecho fue procesado y, muchos años después, cuando un juez honorable dictó su absolución, señaló que esa causa no debió haberse iniciado jamás porque se originó en un acto de inequívoca honradez de quien fue imputado. Permaneció encarcelado más de seis años, con sus bienes interdictos. Ya en libertad, cuando se dictaron las leyes para establecer el régimen indemnizatorio, algunos amigos lo instaron a presentar su reclamación. Preguntó entonces: "¿Y quién pagará ese monto? ¿Videla?". Cuando se le contestó lo que ya sabía, que sería el Estado, agregó que no pensaba reclamar nada porque los argentinos no tenían por qué pagar una deuda que no habían contraído.