Aristóteles decía: “La más elevada entre las virtudes es la de la justicia; ni el lucero de la mañana ni el vespertino pueden serle comparados en belleza”.
La realización de la justicia es la tarea del hombre como tal en cuanto ser sociable, pero el portador de la justicia no es tanto el individuo como el “nosotros”, la entidad social o el pueblo. Por eso, la justicia social es la realización o la plenitud del “nosotros”, que los peronistas denominamos “comunidad organizada”. Para esa plenitud o realización es condición que cada persona reciba lo que le corresponde. Allí radica el fundamento de todo orden justo sobre la tierra. Toda injusticia significa, por el contrario, que a la persona se le quítalo que es suyo y que se le quita no por una desgracia, sino por la acción del mismo hombre. Para poder realizarnos como comunidad organizada es fundamental que primero se respeten los derechos fundamentales de la persona humana; que se respete la dignidad de la persona humana y su derecho fundamental a la vida desde la concepción, como lo reconoce nuestro bloque de constitucionalidad y como está establecido en el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En el respeto de la dignidad y del derecho a la vida de la persona por nacer está en juego, en definitiva, la defensa del hombre y de su entorno; cuál es su lugar en la sociedad moderna; si la persona humana tiene dignidad desde su concepción hasta su muerte, o si es simplemente material biológico que se puede descartar en una bolsa de residuos patogénicos. La justicia social, que se encuentra en la genética del peronismo, siempre se fundamentó en la dignidad eminente de cada persona, de donde deriva el principio según el cual cada uno de los seres humanos es y debe ser el fundamento, el fin y el sujeto de todas las instituciones en las que se expresa y actúa la vida social. En efecto, si negamos quela persona por nacer es “alguien”, y afirmamos que es “algo” o que es “un fenómeno” que se puede eliminar sin generar ningún tipo de responsabilidad, estamos promoviendo la cultura del descarte que aparece cuando se considera al ser humano como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar o, dicho de otra manera, que se puede excluir o eliminar si se opone a mi deseo o a mi proyecto personal. Al negarle al ser humano en gestación su calidad de persona se habilita la eliminación de aquellas personas por nacer que presenten patologías congénitas. Dicha lógica transforma paulatinamente al hombre en un “algo”, en una “cosa” o en un “producto descartable”. No hay nada parecido a la justicia social en esta concepción deshumanizada.
Creemos que existe una fuerte relación entre la legalización de la posibilidad de eliminar la vida de un ser humano en gestación y que el hombre mismo se transforme en una mercancía, porque en ambas situaciones estamos frente a una misma lógica: la desvalorización de la dignidad humana. En ese orden de ideas, se resentiría la legitimidad del Estado moderno, que está basada ante todo en su función de protector de la vida y de la dignidad de las personas, especialmente de las personas más débiles e inocentes como es el caso de la personas por nacer. Esa protección no es el resultado de una decisión mayoritaria, sino que es la condición para la existencia del Estado, es uno de sus fundamentos principales. Allí donde se priva de derechos a determinado tipo de personas, como en el caso de la legalización del aborto a las personas por nacer, se hiere la legitimidad del mismo estado y se debilita la convivencia humana. En ese sentido, el impulso a favor de la legalización del aborto por parte del gobierno argumentando que es una cuestión de salud pública evidencia que la perspectiva de esa política pública se enfoca exclusivamente en la mujer que aborta clandestinamente, sin detenerse a analizarlas causas de esos abortos y sin que se prevean acciones destinadas a la prevención de los mismos. Esta perspectiva sesgada, conlleva necesariamente a que las vidas de las personas por nacer queden sin protección; no son “vidas humanas” para la política pública contenida en la propuesta de legalización del aborto. Así, lejos de alentar una nueva perspectiva de humanidad y de combatir la cultura del descarte, se termina por invisibilizar y deshumanizar a la persona que se gesta dentro del vientre de la madre.
Por ello, no parece casual que el Ministro de Salud haya dicho: “Acá no hay dos vidas como dicen algunos: es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal”. Esta afirmación demuestra con crudeza y cinismo lo que realmente está en juego en este debate y que, lejos de superar dilemas morales y grietas sociales, este tipo de propuestas tiende a agudizar las tensiones y las diferencias entre quienes participan del debate público. Lejos de la concepción justicialista, el planteo del gobierno está dominado por una no asumida sensibilidad neoliberal que, por un lado, facilita el aborto “a demanda” sin necesidad de invocar ninguna razón para eliminar a la persona por nacer hasta la semana 14 de gestación; y por el otro propone un programa de 1000 días para acompañar a las mujeres en la etapa que más necesitan la presencia del Estado.
El resultado es que la política pública de salud se torna contradictoria y fragmentaria, quedando el Estado reducido a la mera función de facilitador de recursos para el ejercicio de las preferencias subjetivas de la mujer sobre la persona por nacer, sin distinguir las razones por las que se realizan los abortos. La consecuencia de esta contradicción es que el derecho a la vida de la persona por nacer queda supeditado al mero deseo de su madre.
Quizás la manera de suturar grietas es evitando los abortos, no legitimándolos para favorecerlos. En ese sendero, lo primero que debemos hacer es avanzar sin demoras en un camino que se esfuerce en prevenir las siempre dolorosas consecuencias del aborto. Por eso sostenemos que si hay algo que modificar en forma urgente es el punto de partida del gobierno en relación al aborto, para salir de la dialéctica que trasforma la tragedia en un derecho, sin avanzar en políticas que cuiden y protejan todas las vidas.