Por Peter Schweizer
A finales de septiembre, Meng Wanzhou fue recibida como una auténtica heroína a su llegada a Shenzhen a bordo de un avión de Air China. Su retorno fue presentado como el de una alta ejecutiva china inocente injustamente encarcelada en Occidente. La verdad es radicalmente diferente.
Meng, de nacionalidad china, se encontraba en territorio canadiense cuando en 2018 la administración Trump comenzó el proceso para su extradición por acusaciones de fraude contra ella y contra la empresa para la que trabajaba, Huawei, por posibles violaciones de las sanciones comerciales que EEUU había impuesto a Irán. Pese a que Meng calificó de "abismo" su experiencia en Canadá, su privación de libertad se redujo a tener que llevar un localizador en el tobillo mientras disfrutaba de una estancia prolongada en la ciudad de Vancouver, donde la directora de finanzas de Huawei tenía libertad para visitar la ciudad durante el día, mientras vivía en su propia casa y recibía clases de pintura e inglés.
Como empresa china de gran importancia estratégica y comercial para Pekín, Huawei lleva tiempo provocando recelo entre los países occidentales por sus intentos por dominar el proceso de implantación de la red 5G. Sus productos y servicios asociados a esta tecnología compiten con los de empresas occidentales que no están controladas por sus gobiernos. Las amenazas que representan la vigilancia y los potenciales ciberataques desde equipos Huawei para las infraestructuras de telecomunicaciones de otros países son conocidas desde hace tiempo. En 2013, el Comité Conjunto de Inteligencia del Reino Unido expuso ante el Parlamento los riesgos de un ciberataque:
"Sería muy difícil de detectar o evitar y podría permitir a los chinos interceptar de manera encubierta o perturbar el tráfico que pasa por las redes suministradas por Huawei."
Lo que preocupa a EEUU de Huawei es el riesgo inaceptable para la seguridad que supone el uso, en infraestructuras críticas, de equipos fabricados por una empresa china con lazos tan estrechos con el gobierno chino. Al demorar la aceptación de la tecnología de Huawei, EEUU también protege el liderazgo de sus empresas en el campo de la tecnología 5G. Teniendo en cuenta las declaraciones del fundador de Huawei, el exuberante Ren Zhengfei, no es difícil entender el porqué de la desconfianza de EEUU. "Avancemos, matando sobre la marcha, dejando a nuestro paso un rastro de sangre", les dijo a los empleados de la empresa un mes después del arresto de su hija en Canadá, según una transcripción a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. El fundador de Huawei dijo después que la transcripción de sus palabras fue "excesivamente literal".
Fueran literales o figuradas esas palabras, las acciones de la empresa y su cercanía al régimen y al ejército chino fueron suficientes para los australianos, cuyo gobierno ha vetado a Huawei en el mercado australiano de las comunicaciones. La cuestión aquí es la confianza entre países en el campo de la cibernética, ha escrito Simeon Gilding, ex director de inteligencia de señales y misiones cibernéticas ofensivas del Directorio Australiano de Señales. "Sencillamente, no es razonable esperar que Huawei rechace una orden del Partido Comunista Chino".
Gilding da en el clavo. Es fundamental que los líderes del mundo de los negocios entiendan esto: en China no existen las empresas privadas. El argumento de Gilding hace hincapié en lo que contempla la ley en China: que todas las empresas y ciudadanos chinos están obligados a contribuir a las tareas de inteligencia si se les pide que lo hagan.
Dos días después del arresto de Weng Wanzhou en Vancouver, Pekín respondió con dureza a Canadá, con la detención de dos canadienses en China por "espionaje". Uno de ellos, Michael Spavor, era un emprendedor que organizaba visitas a Corea del Norte. El otro, Michael Kovrig, era un ex diplomático canadiense que trabajó en la embajada en Pekín antes de ser contratado por un think tank llamado Grupo Internacional de Crisis. Durante su detención, los dos arrestados fueron sometidos a un régimen de aislamiento y a interrogatorios sin presencia de un abogado que duraban hasta ocho horas. En una coincidencia milagrosa, Spavor y Kovrig fueron liberados exactamente el mismo día en que Meng hacía su regreso triunfal jaleada por sus colegas de Huawei en Shenzhen.
Huawei apenas ha bajado el ritmo en la consecución de sus objetivos. Pese a que la empresa sigue operando bajo las restricciones en materia de telecomunicaciones impuestas por la administración Trump, la administración Biden ha aceptado centenares de solicitudes de Huawei para comprar chips para su división de suministro de piezas de automoción. La empresa aspira a ser un proveedor de componentes para "vehículos conectados inteligentes", según un portavoz.
Durante años, el gigante de telecomunicaciones chino ha jugado ha recurrido a ambos lados del espectro político en Washington, contratando a lobbistas y firmas legales para defender sus intereses. Entre los que se han dedicado a esta tarea está Squire Patton Boggs, el bufete de abogados del ex presidente republicano de la Cámara de Representantes John Boehner. La empresa también contrató en su día al excongresista demócrata Dan Bonker y al republicano Cliff Stearns, después de la salida de ambos de la política. En julio, el súper-lobbista demócrata Tony Podesta entró en nómina de Huawei como "consultor". Un mensaje de la dirección de la empresa explicó que su incorporación era parte de "una operación extensiva de influencia en EEUU."
Huawei también ha recurrido a los servicios de un bufete de abogados conservador de Washington, Sidley Austin, para que se ocupe de sus intereses en la capital. Se trata del mismo bufete que representó a Meng Wanzhou en la batalla que acabó ganando para evitar su extradición a EEUU. Christopher Fonzone, uno de los socios de Sidley Austin, fue confirmado hace poco como abogado principal de la oficina del Director de Inteligencia Nacional. Fonzone fue elegido para el puesto por la administración Biden pese a las objeciones de los republicanos. Antiguo integrante de la administración Obama, Fonzone se dedicó durante la era Trump a asesorar a clientes en "ciberseguridad y protección de datos, operaciones militares y de inteligencia, litigios y otras formas de resolución de disputas, sanciones al comercio internacional y asuntos del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS)", según su propio perfil de LinkedIn, que también hace alusión a su "experiencia en asesorar a clientes en gestión de situaciones de crisis."