Buenas intenciones
Alberto Fernández deseaba instituir un Consejo Económico y Social para el desarrollo de la Argentina, en función del cual encabezó el acto del 19 de febrero último en el CCK porteño. La puesta en escena fue impecable, siendo Gustavo Beliz el maestro de ceremonias.
El presidente se jugaba bastante en el afán de reacomodar su relación con las desvencijadas clases medias urbanas, principales destinatarias en términos psicosociales y económicos. Dispuesto a cumplir otra promesa de campaña, y al contrario de lo sucedido con la ley IVE, este proyecto –en principio- no debiera causar grietas. El acompañamiento de los sectores intermedios resulta crucial en un año electoral pleno de incertidumbres.
Un obvio cálculo político impregnaba la patriada, pero el hombre propone… y el diablo (el Perro, en realidad) metió la cola. El escandalete del vacunatorio torticero borró en horas lo pacientemente elaborado durante meses. El incidente de las vacunas puso al proyecto en coma inducido, y la falta de referencia en el discurso del 1 de marzo pareció llevarlo a coma profundo.
No obstante el asfixiante nivel de toxicidad de la política criolla, AF está dispuesto a dejar rodar su experimento, según lo evidenció el acto del viernes 5 de marzo en Parque Norte, proponiendo “sentarnos para ponernos de acuerdo, a fin de repensar el presente y mirar el futuro”; lo que sería corriente si fuésemos un país normal. Instó a la unidad nacional para aumentar la productividad y el empleo, sin enredarnos en discusiones innecesarias (sic). Dicho sin rubor después de su perorata distractiva ante la Asamblea Legislativa, promover acuerdos en semejante escenario es casi un oxímoron. Ambos Fernández, como el alacrán del cuentito, no pueden con su genio. Inimici hominis domestici eius...
A la par, la CEPAL daba a conocer que la pobreza en Argentina atacaba al 38,8% de su población, con una indigencia del 8,1%. Y la pandemia lo desnudó hasta el escarnio.
Paneo histórico
La idea de un CEyS daba vueltas desde hacía tiempo; en Internet se encuentran varios proyectos y de distintas épocas. La Biblioteca del Congreso Nacional publicó su Dossier Legislativo n° 186 “Consejo Económico y Social. Documentación nacional y extranjera”, diciembre 2019 (disponible en https://bcn.gob.ar/uploads/Dossier-186-Consejo-Economico-y-Social.pdf), con bastante material de consulta utilizado para esta nota.
Ese archivo registra doce proyectos ingresados por el Senado de la Nación desde 2002 a 2018, y nueve por Diputados en igual lapso. Tales proyectos se originaron en distintas bancadas con similares motivaciones; difieren según los niveles de autonomía, conformación y estructura de funcionamiento, elementos que suelen reflejar los preconceptos que cada uno encontró durante su diseño y derrotero legislativo.
Los CEyS se potenciaron desde la creación de la OIT, finalizada la Primera Guerra Mundial; la Constitución de Weimar de 1919 lo incluyó en su texto. Con el tiempo la práctica repicó en varios países y organizaciones internacionales (caso paradigmático del ECOSOC de la ONU). En 1957 se incluyó un Comité Económico y Social en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica (Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo los tienen constitucionalmente previstos). Desde entonces y junto con el Comité de las Regiones, son órganos permanentes de consulta establecidos en la estructura orgánica de la UE. Y, como con tantos temas, se desparramó desde allí al mundo.
Existe una Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares, que nuclea más de 60 entidades europeas, de América Latina, Asia y África, entre Consejos nacionales o regionales (como el CEyS del Mercosur).
Una experiencia muy recomendada fue la de España. Allí se creó por ley en junio de 1991, como órgano consultivo permanente en materia socioeconómica y laboral, para promover la participación de la ciudadanía, directamente o a través de organizaciones y asociaciones representativas. El objetivo central era lograr la colaboración de agentes económicos y sociales en la confección de leyes estratégicas mediante diálogo y deliberación continuos. Este “molde” ganó espacio a medida que la representatividad político-partidaria se deslegitimaba, provocando estallidos sociales de “indignados” por todo el planeta. España, precisamente, fue uno de los casos.
Por su parte, la experiencia argentina reconoce lejanos antecedentes. En la fundamentación del Consejo salteño (incorporado en la reforma constitucional de 1986), se cita por ejemplo la creación -en 1912- de un Consejo de la Agricultura, Comercio e Industria, propuesto por el entonces diputado Carlos Saavedra Lamas. O, en versión más moderna, un proyecto de Raúl Prebisch en 1963.
De hecho, el primer peronismo implementó por decreto de 1946 un Consejo Económico y Social, reemplazado en 1949 por la Comisión Nacional de Cooperación Económica. En 1956, el gobierno de facto implementó una Comisión Asesora Honoraria de Economía y Finanzas.
Sobra decir que todos los intentos de Consejos, Pactos, Concertaciones y Mesas Intersectoriales naufragaron durante décadas plagadas de claroscuros. Esta es buena ocasión para intentar respondernos por qué no funcionaron y qué karma portamos para fracasar siempre a la hora de insinuar proyectos comunes.
La implementación de Consejos en distintos países del mundo liquidó un absurdo, al menos, de la ortodoxia liberal: “el Estado no planifica”; esa percepción cambió desde que los partidos políticos defeccionaron su función de intermediarios entre las necesidades populares y las políticas que ofrecían. Asimismo, la demora en implementarlos en el último tercio del siglo pasado, obedeció también a cierta patología dirigencial incolora: “el poder no se comparte”.
¿Estaremos frente a otro fuego de artificio, de los tantos intentados durante décadas? ¿O, quizás, otro capítulo de la confrontación subterránea entre AF y su vigilante vice? Ella, al parecer, optaría por un nuevo contrato social, incompatible con el espíritu de este CEyS. [Véase la nota de Claudio Chávez “¿Consejo económico o contrato social?”, FORO, agosto 2020].
“Alguien tiene que pensar las políticas de largo plazo”
Esa -se dijo- fue la consigna disparadora, inusual en una dirigencia más ávida por los réditos de lo urgente que apremiada por lo importante; incompatible, a primera vista, con el ADN político argentino, sumido en la fangosa trampa del cortoplacismo y por eso incapaz de concertar proyectos de largo alcance.
AF propuso un CEyS nacional –no federal, adviértase- desde los inicios de su errática gestión. En febrero de 2020, Infobae informaba sobre los avances de un documento cuya redacción estaba a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Gustavo Beliz (ver nota El Gobierno avanza en el proyecto para crear un Consejo Económico y Social: cómo funcionaría y quiénes son los candidatos a presidirlo).
Se pensaba en un órgano permanente para generar análisis, debates y propuestas estratégicas, cuya función implícita apuntaba también a superar esa absurda tendencia fundacional de cada gobierno que asume, mediante acciones que trasciendan los sucesivos turnos gubernamentales.
Las incógnitas quedaron develadas con la publicación del decreto n° 124 del 21 de febrero pasado (disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241016/20210222), con más considerandos que articulado. Vale leerlo pues lo explica y justifica, a más de exponer antecedentes nacionales e internacionales. Está previsto consagrarlo por ley en el transcurso de este año. Y así las cosas, no queda otra opción que dejar andar al rengo…
Su artículo 10 prevé una Agenda de trabajo para desarrollar en mil días, cinco “misiones de país”: 1 – Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria; 2 – Educación y Trabajos del Futuro; 3 – Productividad con Cohesión Social; 4 – Ecología Integral y Desarrollo Sustentable; y 5 – Democracia Innovadora. A su vez, las consignas habilitadas para cada misión se detallan en el Anexo I del decreto.
El CEyS es un órgano asesor, presidido por el Secretario de Asuntos Estratégicos, y depende de Presidencia de la Nación; está integrado por treinta personalidades de los principales sectores del trabajo, de empresas, organizaciones científicas y académicas, con carácter ad honorem, buscando diversidad y convergencia de intereses. A ellos se sumaron lustrosos asesores del palo oficial, como A. Pérez Esquivel, Dilma, Pepe Mujica, R. Lagos y J. Sachs (nómina disponible en https://www. telam.com.ar/notas/202102/545063-consejo-economico-y-social -integrantes.html).
Un detalle para tener en cuenta: el artículo 7 define las funciones del presidente del Consejo, quien -aparte de ejercer su representación y dirección “velando por la concertación y búsqueda de acuerdos” (inc. a)- convoca a sesiones, las preside, modera y fija el orden del día (inc. b). Con esto último, se anuncia que solo se debatirán los temas que disponga la Casa Rosada, sin que los sectores participantes puedan llevar a su consideración problemáticas específicas y propuestas concretas. Esto impacta decisivamente en el nivel de autonomía del Consejo, aunque sus dictámenes no sean vinculantes.
Antecedentes nacionales
Todas las provincias cuentan con algún tipo de CEyS, aunque en muy pocas cuajara realmente. Algunos distritos los tienen previstos en sus constituciones (CABA, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta y Santiago del Estero); otros los crearon por leyes o decretos, en función del precepto de participación ciudadana, incorporado en las cartas magnas como extensión de la cláusula del progreso, a medida que las provincias adecuaban sus textos a la reforma de 1994.
Lo curioso es que después de tanto esfuerzo legislativo, en la práctica no se implementaron o se lo hizo con menor rango institucional. Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego los crearon y desactivaron sin mayores fundamentos, aunque las causas sean variadas y presumibles.
Las perseverantes promovieron un Consejo Federal Económico y Social, cuya acta fundacional se firmó en Buenos Aires en diciembre de 2014. Su principal aspiración es que se instalen efectivamente en todas las provincias y coordinen agendas de temas comunes con perspectiva federal.
A mediados de marzo de este año participan de este foro, los Consejos de la CABA (instalado en 2010), Catamarca (2018), Chaco (2002), Corrientes (2010), La Rioja (2016), Mendoza (2012), ciudad de Río Cuarto (2009), Salta (2013) y la ciudad de Santa Fe (sin dato fehaciente). No hay ningún indicio de que se integre al CEyS nacional o siquiera se lo consulte.
Perspectivas en modo conclusivo
Para que estas instituciones arraiguen, es imprescindible que la sociedad las conozca, haga propias y advierta su conveniencia como reaseguro intergeneracional. Los CEyS carecerán de eficacia si el común de la gente no percibe su necesidad, aun asumiendo su perfectibilidad y que deben funcionar sin condicionamientos políticos.
Lo expuesto hasta acá requiere, pues, algunas consideraciones:
1 - En la creación de un Consejo tal subyace la idea de participación, planificación y concertación; lo que ya es muy bueno. Tal vez la futura ley pueda dotarlo de mayor autonomía y con una impronta verdaderamente federal.
2 – Por el modo y la oportunidad en que se concretó, parece orientado más a proponer políticas de gobierno coyunturales obligadas por la pandemia, que a diseñar políticas de Estado.
3 - Las convocatorias y agenda previstas inhiben una participación proactiva de otros sectores sociales y gobiernos provinciales, con necesidades y agendas propias. Tampoco está claro si se considerarán grandes temas nacionales y cómo fijar prioridades a la hora de ejecutar proyectos. Dicho de otro modo, ¿habrá lugar para tratar, por ejemplo, el aprovechamiento integral del Bermejo o un urgente plan demográfico nacional? Hay muchas iniciativas, públicas, como la Mesa del Litio (recientemente instituida por los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta), o privadas, como el Consejo Agroindustrial Argentino, creado en julio de 2020 por medio centenar de entidades. ¿Será consultado?
4 - El presidente Fernández suele definirse federalista raigal. Las treinta entidades integrantes del nuevo CEyS son las grandes centrales gremiales y empresarias, entes públicos y universidades radicados en el AMBA. ¿Qué garantiza que a la hora del bacalao no impongan la agenda del “cuerno de oro” del Mercosur, y las decisiones se adopten en función de una escala económica completamente desfavorable para dos tercios del país?
6 – Si hay un reparo mayor a este CEyS, es no haber siquiera insinuado la necesidad de una redefinición geopolítica de Argentina, en un mundo que lo hace cada día. Si no se plantea una meta de tal naturaleza y calidad, con diez políticas de Estado para empezar, será muy difícil salir del pantanal en que nos metimos; y esa meta no puede ser otra que integrar la Argentina física y espiritualmente, reafirmar su condición marítima y bicontinental, con una Región del Norte Grande bisagra con la Suramérica hispano-indoamericana. Se trata de una agenda primordial; la otra se dará por añadidura.
Ojalá que las entidades incorporadas al CEyS y el propio gobierno nacional no incurran en el añejo refrán español, “reunión de pastores, oveja muerta”.