Por Redacción Economía (derechadiario.com.ar) - El Gobierno de la derecha superó el último obstáculo legislativo para la sanción de una histórica reforma que busca afianzar la tasa de crecimiento de la economía italiana. Se simplifican y reducen impuestos para personas físicas y sociedades.
Tras dos intentos legislativos fallidos seguidos por enmiendas y modificaciones, el Senado italiano finalmente aprobó la reforma tributaria que propuso la primera ministra Giorgia Meloni. La votación resultó beneficiosa con un total de 184 votos afirmativos contra solo 85 en contra del proyecto.
La derecha italiana se anota su mayor victoria legislativa en lo que va de la administración Meloni, y se aprueba un ambicioso paquete tributario para bajar los impuestos y reformar la economía italiana, el cual es parte de un plan superior de reformas estructurales que la líder conservadora buscará ir aprobando a lo largo de su mandato, que todavía no ha cumplido ni siquiera un año.
La actividad económica del país enfrenta un agudo proceso de estancamiento desde la crisis internacional de 2008. Aún con la reactivación en la post-pandemia, el PBI italiano continúa en el mismo nivel que tenía en el tercer trimestre de 2008, y casi un 3% por debajo del techo alcanzado en el primer trimestre de ese mismo año.
La ley aprobada por el Senado permite una nueva simplificación del impuesto sobre la renta (IRPF) de 4 a solo 3 alícuotas: 43% para ingresos superiores a 50.000 euros anuales, 27% para ingresos medios y una tasa reducida del 23% para los ingresos imponibles más bajos (menos de 15.000 euros anuales).
La tasa marginal más alta del impuesto a la renta permanece constante en el 43% y la tasa media cae al 31%, cuando al inicio de la gestión de Meloni superaba el 34%. Los menores impuestos a los ingresos incentivan activamente la oferta laboral, en un contexto en que la tasa de desocupación retrocedió a los niveles más bajos de los últimos 14 años.
Por otra parte, la reforma autoriza la creación de una tasa unificada del 15% sobre los ingresos de trabajadores autónomos, y un gravamen aún más reducido equivalente al 5% aplicado a cualquier bono de productividad cuando se trate de cuentapropistas.
La administración Meloni ya había simplificado el impuesto a la renta en el año fiscal 2022 (que mantenía 5 categorías originalmente), y propone la implementación de una tasa unificada para todos los contribuyentes en el año fiscal 2027. El sistema implementado para los trabajadores autónomos podría generalizarse a todas las ramas del mercado laboral.
La aprobación de la ley también autoriza al Gobierno a obtener más poder en la negociación de acuerdos con evasores fiscales, a fin de incentivar la formalización voluntaria y la liquidación de obligaciones con estándares mucho más flexibles. Se estima que la evasión fiscal al Estado totalizó los 90.000 millones de euros en el año 2020.
Entre otras disposiciones, el Gobierno queda facultado para entablar acuerdos con empresas evasoras de impuestos en los cuales se ofrece la eliminación total de las sanciones legales a cambio de normalizar las deudas pendientes con el Estado, incluyendo quitas e incentivos adicionales para la adhesión voluntaria.